Por caso de Ingrid, proponen hasta 8 años de cárcel por difundir fotos o videos

La bancada de Morena local propone adicionar el Artículo 293 al Código Penal para el Distritro Federal para que haya multas de hasta 34 mil 752 pesos para el funcionario que difunda imágenes que revictimicen a una persona.

Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso de dos y hasta ocho años de prisión y de 8 mil 688 hasta 34 mil 752 pesos de multa para servidores públicos que indebidamente comparta, difunda o permita la difusión de información, imágenes, audios o videos relacionados con un procedimiento penal, tras el caso de Ingrid Escamilla. 

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Esta propuesta fue de las morenistas, Isabela Rosales y Guadalupe Aguilar Solache, la cual fue suscrita por el resto de los legisladores de su bancada.

La iniciativa propone adicionar el Artículo 293 al Código Penal para el Distritro Federal, para duplicar cuando esta conducta tenga como resultado el menoscabo de la dignidad de la o las víctimas y sus familiares.

Al hacer uso de la tribuna a nombre de Rosales, la legisladora, Guadalupe Morales aclaró que “las sanciones previstas en el primer párrafo de este artículo no se aplicará cuando la difusión de información, imágenes, audios o videos relacionados con un procedimiento penal se realice con motivo de las atribuciones legales o laborales de comunicación institucional de los servicios públicos en el ámbito de la procuración de justicia”.

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La intención, explicó, es evitar la divulgación de imágenes con los cuerpos de mujeres asesinadas, como recientemente en el caso de Ingrid quien fue desollada por su pareja y, a la vez, propiciar que el gobierno de la Ciudad de México y las dependencias de impartición de justicia, emitan información fidedigna sobre líneas de investigación a fin de que sean retomados como una fuente seria y contundente por los medios de comunicación.

“Los feminicidios, los homicidios dolosos y el cómo se guían los medios y autoridades para reportar los crímenes afectan a toda la sociedad. El mal manejo de la información crea una sensación de inseguridad y de miedo colectivo afectando la calidad de vida de las y los mexicanos”, refirió. Por su parte, Aguilar Solache señaló que esta iniciativa busca robustecer el marco jurídico que tutela el actuar de las autoridades con el fin de profesionalizarlas, pero sobre todo, para la protección de los datos personales, y en consecuencia, de la integridad de las víctimas y sus familias.

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Finalmente dijo que se busca la adición de una directriz adicional para señalar expresamente que las personas servidoras públicas se abstengan de difundir o socializar, por cualquier medio, datos, información o elementos audiovisuales, cuando esto no se relacione o sea parte del desahogo de sus funciones, que revictimicen o menoscaben la dignidad de las personas”. 

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